Cáceres

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Desde el movimiento 15 M de Cáceres queremos denunciar ante los medios de prensa, y ante la opinión pública lo sucedido el lunes día 4 de julio a partir de las 20:00 :

Sobre esa hora se concreto realizar una reunión de urgencia para tomar decisiones …sobre la recuperación de los enseres personales y materiales que fueron incautados por la policía la noche anterior durante la actuacion de desalojo de la acampada. Posteriormente se realizó una reunión del grupo de dinamización social con la presencia de unas 35 personas inicialmente.

Aproximadamente a las 22:00h, desde los furgones policiales apostados en la plaza mayor, se aproximaron unos 15 miembros del cuerpo de policía nacional que procedieron a la identificación de ciudadanos presentes en la reunión, de manera selectiva, negandose la mayoría de los agentes a presentar una identificación o numero de placa, y con la premisa de estar procediendo a una operación rutinaria.

Una vez realizada dicha identificación, a unas 37 personas nos llegó la información de que se iba a proceder a presentar una propuesta de sanción ante la Subdelegacion de Gobierno por “constituir una reunión ilegal”. Una vez terminaron su trabajo, abandonaron el lugar dejándonos continuar con nuestra actividad, y advirtiendo de una actuación similar por parte del cuerpo de policía nacional en caso de realizarse en un futuro reuniones similares.

El movimiento 15 M se define como pacífico, humano, solidario, y ante todo democrático, entre otras características. Nuestra herramienta es el diálogo, y nuestras reuniones la forma de romper el silencio que se ha instalado en las instituciones, además de un medio que consideramos completamente legítimo para articular nuestra participación en una sociedad democrática. Por eso entendemos que impedir una reunion pacífica de ciudadanos que no alteran el orden público ni representan peligro alguno para las personas o las cosas, auspiciandose en el argumento de la ilegalidad del mismo, manifiesta ser un acto de total hipocresia por parte de los responsables politicos que dan ordenes a las fuerzas de seguridad del estado. Ponemos incluso en duda la constitucionalidad de tales sanciones, reservandonos el derecho a recurrirlas allá dónde sea necesario.